De acuerdo con el trabajo exploratorio desarrollado, se puede decir que en Colombia no existe en esencia una política pública estructurada y orientada hacia las personas en situación de discapacidad; que por lo menos garantice los principios de equidad para este grupo poblacional, porque no se cuenta con un ente público o una autoridad de alto rango a nivel nacional responsable del tema, no existen recursos con cargo al presupuesto público destinados para tal fin; lo que existen son acciones públicas dispersas, un gran entramado y una alta maraña institucional e interesantes declaraciones, presentaciones y normativas, que es lo que el gobierno llama su política pública.