La Administración Pública ostenta una misión de trascendencia en el Estado Social y Democrático de Derecho: alcanzar el interés general y velar por el respeto de los derechos humanos. Por tanto, toda reforma que se plantee respecto a la misma habrá de realizarse también desde la reflexión ética. La Administración Pública, como persona jurídica, ha de justificar sus actuaciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias de las mismas. El modo en que sus actos y decisiones se llevan a cabo va forjando su propio carácter (ethos), a cuya formación también contribuyen los actos y conductas de todas las personas que ocupan cargos de dirección o trabajan en la Administración, quienes han de asumir el fin que aquélla persigue, que le es propio y le da sentido. De esta forma, el ejercicio de la profesión de los empleados públicos vendrá también justificado por cooperar, con su esfuerzo y búsqueda de la excelencia, a perseguir el interés general.