En los últimos años del siglo XX, España y Argentina han conseguido abandonar su pasado dictatorial para encarar el futuro desde la perspectiva democrática. Para ello, han tenido que afrontar sendas transiciones políticas, de la dictadura a la democracia. El impacto político y social de la memoria de las víctimas es algo que la transición a la democracia y que la propia democracia no pueden dejar de lado porque dicha herencia impone obligaciones a las generaciones presentes, especialmente al estado y a sus instituciones. La memoria del sufrimiento y de la violencia causados por las dictaduras franquista y argentina trae al presente a las víctimas, recuerda las injusticias que han sufrido y alerta sobre la obligación de repararlas. Un obligación que, desde el punto de vista jurídico, se concreta en lo que se ha denominado “justicia transicional": es decir, las distintas medidas encaminadas a investigar lo sucedido, perseguir judicialmente a los culpables (es decir, establecer y exigir responsabilidades), reparar a las víctimas y, más ampliamente, reformar determinadas instituciones que puedan atentar contra la dinámica democrática y reinstaurar una cultura de la violencia.