La pérdida y degradación acelerada y continua de los ecosistemas y sus servicios ha implicado retos para investigadores y gobernantes en el mundo, planteando la necesidad de reorientar la gestión pública, con el fin de abordar los problemas sociales, económicos y ambientales de forma integrada. En Venezuela, los cambios en la gestión pública se sustentan en la Constitución de 1999, constituyendo reformas del marco legal. Esta investigación se centra en el análisis del Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Costeras (2001) y el Proyecto Decreto del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras de la República Bolivariana de Venezuela (2014), ambos establecen las reglas que guían la ordenación y gestión de las zonas costeras. Aunque por sí solos son insuficientes para el manejo costero su importancia radica en que sustentan el modelo regulador de las actividades humanas. Para su análisis se tomó en cuenta el Decálogo de la Gestión Integrada de Áreas Litorales de Barragán (2014), que construye una plataforma para el estudio del modelo de gestión y permite identificar si se conduce de forma integrada para dar respuesta a los problemas y asumir los retos del cambio climático.