Las recientes transformaciones del sistema político mexicano, caracterizadas fundamentalmente por una creciente democratización y una revalorización de los espacios municipales y estatales de acción pública, han puesto en el centro de la atención social la forma en que los gobiernos y sus administraciones públicas cumplen las funciones que tienen encomendadas. Esto ha implicado que, por igual, dependencias federales, programas estatales o servicios municipales se vean bajo un examen cuidadoso que les obliga a plantear continuamente mejoras en el diseño y en el funcionamiento de las instituciones públicas. Es imperativo entonces ligar estos aspectos o insumos a una visión estratégica de la gestión que permita establecer claramente la misión pública que se persigue y que constituya la base para idear una visión de futuro. Sólo de esta manera será posible establecer los parámetros de eficiencia y eficacia (es decir, de calidad de la acción pública) que se encuentren ligados a una noción de ciudadanía cada vez más extensa y significativa.