Desde la óptica de la regulación, el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación requieren de una intervención especial. De hecho, las actividades financiera, bursátil y aseguradora se definen, desde la propia Constitución Política, como de interés público. Además estas actividades requieren de autorización estatal previa, para ser ejercidas, recayendo sobre la Superintendencia Financiera, las funciones de inspección, vigilancia y control frente a las personas que las realicen.