La presente investigación pretende demostrar la desproporcionalidad que actualmente mantiene el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, dentro de su Articulo 70 en el que se establecen sanciones económicas a los infractores de la ley y el orden, que muchos aspectos llega a ser un poco descabellada con la fijación de la multa y la economía de los individuos que deben pagar por la infracción cometida. Demostrar la falta de análisis al crear o modificar leyes por parte de los legisladores del Ecuador, o la incapacidad de sus asesores quien entienden la dimensión que estas sanciones generan en Derecho, trayendo consigo mas problemas judiciales ajenos al delito que cometió el infractor.