El debido proceso es una institución constitucional que modificó el panorama de las etapas judiciales y administrativas al momento de determinar la resolución de controversias jurídicas. En este contexto, las actuaciones judiciales y administrativas se enmarcan en el cumplimiento del artículo 29 superior, que denota a la responsabilidad de llevar un proceso de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales. El tema es de vital importancia, en razón a la sustentación del debido proceso en el ámbito del Estado Social de Derecho, en razón a que la potestad punitiva del Estado agrupa el conjunto de competencias asignadas a los diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica. Por consiguiente, el presente trabajo parte de la idea de analizar el desarrollo del régimen de responsabilidades tributarias bajo el esquema constitucional y legal que reclama el debido proceso en el Estado Social de Derecho.