En esta investigación se analizarán dos aspectos procesales del Derecho Penal, el primero es límites del allanamiento a cargos, en las diferentes etapas del proceso penal, el cual debe cumplir unas características como son; que debe ser un acto voluntario, unilateral, debidamente informado y asesorado por la defensa y que no vulnere garantías fundamentales, obteniéndose a cambio un beneficio reflejado en el quantum punitivo; esta manifestación debe ser aprobada por un Juez Penal Municipal de control de garantías, o según sea el caso el Juez de Conocimiento. El segundo aspecto Procesal es examinar que “el allanamiento a cargos es una institución jurídica diferente a las distintas modalidades y limitaciones de los preacuerdos como acto bilateral consensuado, consagrados en la ley 906 de 2004”. En este sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP-14496 de septiembre 27 de 2017 se pronuncia que en los operadores judiciales existe confusión al aplicar los dos preceptos que son totalmente diferentes, por ello decidió reexaminar el tema del allanamiento, que este por sí solo no conlleva a un preacuerdo y menos aún principio de oportunidad.