La regulación legal que hasta el momento se le ha brindado al tema de la administración de los recursos públicos derivados de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, devela una realidad política distinta de la prevista en las normas de naturaleza constitucional, en la medida que la administración de estos recursos no es ejercida directamente por los resguardos indígenas sino por el municipio o departamento en el que se encuentre ubicado dicho resguardo beneficiario de tal asignación. Esta realidad obedece principalmente a que el concepto de autonomía étnica y cultural, reconocido en la Constitución Política de 1991 y además en normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha sido interpretado de una manera restrictiva por las instituciones del Estado, cuando éstas someten su desarrollo y materialización a promesas constitucionales incumplidas por el legislador, al punto que subordinan la autonomía general de los pueblos indígenas a la expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que conforme a los territorios indígenas como entidades territoriales.