Los estudios sobre la crisis de la justicia fueron tradicionalmente abordados tomando en consideración aspectos administrativos, institucionales, técnicos, organizativos y operativos, en base a cuyos resultados se plantearon, desde el Estado y las agencias de cooperación internacional, programas, proyectos y acciones de superación de la crisis de la justicia concentrados en el incremento de presupuesto para el funcionamiento de los órganos administradores de justicia, actualización y mejoramiento de leyes y reglamentos, reorganización del aparato administrativo, capacitación de los operadores, monitoreo del servicio por parte de las autoridades y de los operadores, registro y control de las actividades de los profesionales abogados, entre otros. Finalmente en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, la elección de magistrados y autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público mediante voto popular, habiéndose realizado la misma en 2011 y 2017, sin que se haya logrado avanzar significativamente en la mejora del servicio de administración de la justicia principalmente en favor de los grupos vulnerables.