Durante los últimos años y como resultado de una falencia en el modelo de estado social que padece América Latina proliferaron las protestas y reclamos públicos de los ciudadanos en pos del cumplimiento de sus derechos repetidamente postergados. Estos reclamos tienen diferentes matices, pero normalmente generan múltiples situaciones conflictivas desde el aspecto social y desde el aspecto legal. Desde el punto de vista del derecho Constitucional se expone sobre este tema hablando de “derecho a la protesta social”; Según la mirada de los penalistas, el tema se aborda desde la óptica de su represión, se estudia la “criminalización de la protesta social”. La pregunta que surge es: ¿En qué medida y bajo qué forma es jurídicamente admisible ejercer el derecho de protestar en cada caso? Este es un tema que requerirá seguramente largos debates jurídico-políticos antes de ser resuelto de manera clara y precisa.