El crimen organizado al que se asocia de manera especial el lavado de activos, constituyen grandes retos para las sociedades, los estados y diversos organismos internacionales. El diseño de estándares, políticas y métodos para la prevención y enfrentamiento a estos flagelos a nivel global y nacional ocupa la agenda de dirigentes políticos y gubernativos, así como la labor cotidiana de autoridades judiciales, administrativas, de orden público, órganos de inteligencia, expertos y de otros sujetos sociales. Sin embargo, dichos esfuerzos no serían fructíferos sin el inconmensurable aporte de la ciencia en general y de las doctrinas sociales y jurídicas en particular, pues no se trata de combatir estos males en detrimento de las garantías y derechos de los ciudadanos y del debido proceso penal. El Estado debe usar la coerción penal cuando es preciso, pero a la altura de la función social que le corresponde. En este libro se ofrece una visión holística de estas problemáticas, evaluando sus antecedentes históricos, desarrollo, causas fundamentales, regulaciones emitidas por Naciones Unidas, teorías jurídicas y el análisis exegético de la normativa jurídico-penal cubana sobre estos temas.