El derecho al ambiente sano es un derecho humano fundamental en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), modificando sustancialmente todos los esquemas establecidos y vigentes desde la Constitución de 1961, no sólo en lo político y jurídico, sino en lo económico social y más aún lo ambiental, representando una avanzada legislativa nacional. No obstante, aún se espera la reforma y actualización de los procedimientos tanto sustantivos como adjetivos para emprender la ansiada protección ambiental que ha adelantado la jurisdicción administrativa y penal, pero pendientes aún en materia civil. Sin embargo, esta protección puede invocarse con las instituciones procesales de las medidas preventivas innominadas plenamente establecidas en el Código de Procedimiento Civil, sólo basta que el Juez conozca su efectividad y pueda decretarlas de conformidad con los parámetros constitucionales del artículo 127 constitucional. El objetivo general de la presente investigación fue analizar la eficacia del decreto de las medidas cautelares innominadas en la protección del derecho al ambiente sano en Venezuela, concebidas en el Código de Procedimiento Civil vigente.