Debemos referirnos a la prescripción en materia penal, esta constituye un límite al ius puniendi, límite que los propios Estados. La prescripción no puede ser concebida como un derecho del responsable de un ilícito, sino como una autolimitación de la potestad punitiva del Estado. Afirmación que se evidencia en la medida que la prescripción es irrenunciable para el inculpado, pues los fundamentos políticos-criminales de la prescripción, de orden social, están por sobre el interés del imputado de acreditar su inocencia. En la práctica, la prescripción es un instituto liberador de la responsabilidad que nace de la comisión del delito, mediante el transcurso de un cierto tiempo que hace cesar el derecho del Estado a imponer la pena. Se trata, de una causal de extinción de responsabilidad penal que actúa con posterioridad a la comisión del ilícito, extendiéndose sobre la pena. La imprescriptibilidad puede explicarse perfectamente desde una concepción del Derecho penal como instrumento necesario para preservar un determinado orden social, cuando se trata de delitos que como los de lesa humanidad, pues su persecución y castigo siguen siendo necesarios mientras vivan los responsables.