El cultivo de la palma de aceite ha sido objeto de acusaciones por parte de ecologistas, sindicalistas y académicos, entre otros agentes, por los problemas inherentes a los monocultivos y además, porque a éste en particular se le asocia con el desplazamiento y múltiples violaciones de los derechos humanos. Adicionalmente, en las plantaciones se practican algunas formas de contratación que descargan sobre los trabajadores buena parte de los costos de la competitividad que exige el comercio internacional. Sin embargo, el cultivo tiene defensores no sólo en el gremio de los palmicultores sino en el Gobierno Nacional con el contraargumento según el cual el cultivo es inocuo en términos ambientales porque buena parte del CO2 que generan los biocombustibles es absorbido por el proceso de fotosíntesis de las palmas de aceite. De otra parte, se afirma que el cultivo es generador de puestos de trabajo y eso en un país con unas tasas de desempleo abierto que llegaron a cerca del 22% a comienzos de la primera década del tercer milenio y que al finalizar la misma se mantiene en el orden del 12% merece ser tenido en cuenta.