El objeto de las pruebas es tanto teórica como práctica una de las áreas más exigentes, interesantes y relevantes de todo el sistema jurídico. Por ellas llegaremos, si se aplican de la adecuada forma, a la verdad y la justicia material, y de no hacerlo, configuraremos graves violaciones a todo el ordenamiento jurídico con sus garantías fundamentales.En tal sentido, la materialización del debido proceso a través del deber de excluir las pruebas irregulares se vuelve una materia fundamental, enmarcado en el imperativo de distinguir cuáles son ilegales, que deberán excluirse sin ser base una decisión, pudiendo tener algún indirecto e impacto en la decisión cuando hay condiciones de remisión o de aplicabilidad de otro material. A la vez que habremos de identificar cuáles son ilícitas e implicarán el deber de excluirse sin condiciones y la nulidad de todo el proceso, particularmente por configurar una violación de los derechos humanos.