Se expone en este artículo el concepto de prueba ilícita de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los Derechos Humanos y su desarrollo legal en la ley 906 de 2004 luego de la reforma constitucional implementada con el acto legislativo 03 de 2002, a propósito de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la ilegalidad de las evidencias e informaciones recogidas en el computador de “Raúl Reyes” con ocasión de la Operación Fénix, con el fin de demostrar, de un lado, que el irrestricto respeto por las garantías constitucionales no es la causa generadora de la impunidad, y de otro, que el reconocimiento de la prueba ilícita y sus consecuencias es aún un aspecto en construcción.