En el marco constitucional venezolano de 1999, nacieron los denominados mecanismos de participación política en la esfera económica, entre otras la empresa social y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad. Consecuentemente, el gobierno nacional en el año 2005, decide modificar el panorama empresarial tradicional, fomentando la creación de las llamadas empresas de producción social, que se constituyeron como requisito para contratar con Petróleos de Venezuela y Aluminios del Caroní. En este contexto, su crecimiento ha sido vertiginoso y el grado de importancia ha obtenido un sitial de transcendencia para el país. Por ende, es necesario la implementación de medidas favorables para los directivos y trabajadores de este tipo de empresas, donde se sientan las bases fundamentales, en aras de lograr su plena permanencia en el tiempo.