La redistribución de la riqueza es una necesidad en el mundo. La concentración es un mal que debe cambiar. Pocos tienen todo y muchos tienen nada. Debemos redistribuirlo y que todos tengan todo. La calidad de vida debe ser para todos, no sólo para unos cuántos. El derecho internacional económico es capaz de dar una posibilidad para lograr lo anterior. No hay instituciones en verdad adecuadas para la transmisión de solidaridad más allá de la mera transferencia de rentas muy limitadas, y peor utilizadas; que poco o nada resuelven. Y esa es, al final, la verdadera clave de la cuestión: ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ni la Organización Mundial del Comercio, han podido o querido resolver las cuestiones más perentorias. Y no es por falta de aspiraciones de los dirigentes máximos de los organismos citados, sino de los socios de los mismos. Empezando por los países mayores y más ricos, que no se deciden a dar el gran paso de la solidaridad. Como sí lo hizo Estados Unidos –hoy un país muy vituperado por su escaso apoyo al Tercer Mundo- en una operación históricamente irrepetida como fue el Plan Marshall.