En los momentos de complejidad y transformación global, donde están bajo análisis los esquemas y paradigmas tradicionales con que se conducen las sociedades, el sector público juega un papel crucial en el desarrollo económico y social de una nación (Trullenque Adell, 2010). La Administración Pública (AP) responde al concepto de organización, como unidad social formada por un conjunto de personas relacionadas entre sí, y con su contexto, de acuerdo a normas que realizan actividades orientadas al logro de diversas finalidades, esencialmente la creación de valor público, para hacer posible y fructífera la convivencia humana, o para garantizar la satisfacción de determinados requerimientos sociales (Gascó, 2003; Arnoletto y Díaz, 2009). Para Luciano la Administración Pública ve al estado de derecho como una entidad soberana que establece políticas administrativas que respondan a la satisfacción colectiva, en obediencia al principio de legalidad para el que se sirve de instrumentos de regulación jurídica.