La descentralización territorial en Colombia obtiene un avance significativo con la expedición de la Constitución Política de 1991 en comparación con el ordenamiento jurídico-político existente bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1886. No obstante, la voluntad de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se ve claramente contradecida por las políticas públicas de tendencia centralista promovidas por diferentes Gobiernos del orden central a través de reformas constitucionales y desarrollos normativos que contrarian las originales disposiciones constitucionales elaboradas por el Constituyente Primario de 1991. Esto ha generado una afectación de los derechos reconocidos a los entes territoriales, limitando sustancialmente su desarrollo económico y social.