En Cuba, tras de desaparecer el órgano de Arbitraje Estatal, se modifica la Ley de los Tribunales y se crean las Salas de lo Económico, y estas comienzan a trabajar y dentro de su competencia a conocer los incumplimientos de los contratos económicos que fue la principal competencia del extinguido órgano, en tales circunstancias, se realiza un estudio del proceso ejecutivo que aplicado a la sistemática de lo económico se trae de la materia de lo civil y se adapta al nuevo procedimiento y con éxito se hacen recomendaciones que se logran poner en práctica más tarde, excepto reconocer el contrato administrativo. Ante esta realidad cabría preguntarse por qué no cambia la concepción de una nueva realidad donde se insiste en llamar contratos económicos a los contratos que responden a los servicios públicos e incluso a los contratos que se hacen con personas naturales y que se firman para trasporte público, o para construir un hospital, que ambos casos su objeto fundamental es el de lograr un fin o un bien público común. Obsérvese que subyace con otro nombre el contrato administrativo, es una realidad para futuras investigaciones.